Cuando falta menos de un mes para cumplirse un año del fatídico accidente ocurrido en el Rally de A Coruña, la juez que instruye el caso concluye que no hubo responsabilidad penal de los
organizadores ni del piloto, aunque un particular ha recurrido esta decisión.
La Audiencia Provincial deberá pronunciarse sobre el archivo
de las diligencias abiertas por un juzgado de instrucción coruñés por las
posibles responsabilidades penales en el accidente en el que el 5 de septiembre
del año pasado murieron siete personas y resultaron heridas de diversa
consideración otras catorce en el Rally Cidade de A Coruña a su paso por el
concello de Carral. La juez, en un auto firmado a mediados de diciembre, tres
meses después del suceso, acordó el sobreseimiento de las investigaciones al
concluir que, según los informes elaborados por la Guardia Civil y el sector de
Tráfico de A Coruña, «todas las medidas de seguridad que podían exigirse a
la organización para el buen desarrollo de la prueba deportiva se
cumplieron». Un particular ha recurrido ante la Audiencia, según han
informado fuentes judiciales.
El auto considera en su parte dispositiva que los hechos que
dieron origen a las diligencias previas son «atípicos penalmente». La
titular del Juzgado de Instrucción número 8 recoge en su auto que una vez
ocurrido el accidente se comprobó que las medidas de seguridad «resultaron
insuficientes», pero rechaza que hubiera falta de diligencia de los
organizadores de la carrera, que fue responsabilidad de la escudería One Seven.
«La organización cumplió las exigencias que se le impusieron para minimizar
el riesgo que este tipo de competiciones deportivas conllevan y, por ello,
ningún reproche se le podrá hacer», refleja el auto.
La tragedia la ocasionó la salida de la carretera de un
vehículo participante en el rally, que en un tramo recto cuesta abajo entre dos
curvas a la derecha arrolló, tras dar vueltas de campana, a un grupo de
espectadores que presenciaban la prueba desde fuera de la vía. Dos hombres y
cuatro mujeres, dos de ellas embarazadas, murieron y más de una decena de
personas resultaron heridas. Un día después falleció una menor a consecuencia
de la gravedad de su estado.
La magistrada elimina también «desde un punto de vista penal» toda responsabilidad del conductor del coche que atropelló a las víctimas, al que la prueba de consumo de alcohol y drogas que se le practicó tras el accidente dio resultado negativo. Añade que la velocidad a la que pudiera circular, «superior a la permitida en condiciones normales al tratarse de una competición deportiva», y las causas que hicieron que perdiese el control del vehículo en la curva y se saliese de la vía «son irrelevantes».
La responsabilidad penal tampoco la advierte la juez en el fabricante del vehículo, un Peugeot 206, «por cuanto no se acreditó que se hubiese salido del trazado por algún fallo mecánico». Añade sin embargo que el coche se sometió a una revisión técnica casi un mes después del accidente y debido al mal estado en el que quedó «su inspección mecanizada» resultó «imposible», lo que redujo «de manera importante los datos necesarios para hacer una completa valoración».
La resolución del juzgado de instrucción se apoya en un atestado del accidente elaborado por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil y en otro del sector de Tráfico de A Coruña, además de en un informe sobre el cumplimiento de las medidas de seguridad exigidas para la celebración del rally.
El primer documento recoge que la organización dispuso de todos los medios humanos y materiales para la prueba y señalizó debidamente las zonas consideras de riesgo, y que personal de Protección Civil de los concellos por los que transcurría la carrera, de otras escuderías participantes y de la Guardia Civil prestaron servicios de vigilancia para garantizar la seguridad vial en los tramos abiertos a los usuarios de las vías.
El informe del sector de Tráfico refleja que ni la organización del rally ni la Guardia Civil permitieron la presencia de público en las zonas acotadas cuando hicieron el reconocimiento previo a los tramos de la prueba, una trámite que llevaron a cabo también el mismo día de la prueba antes de que hubiera espectadores.
Los responsables de seguridad de la prueba declararon que la curva de la parte superior de la recta donde se produjo el accidente se consideró un punto de riesgo que se encintó para impedir que allí se situase el público.
Fuente: La Opinión
